RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR EL DELITO DE COHECHO NACIONAL O INTERNACIONAL: UN TEMA QUE TODA EMPRESA DEBE TENER PRESENTE.
Desde Diciembre de 2009 se encuentra vigente en Chile la Ley 20.393, que establece un concepto absolutamente nuevo en nuestro ordenamiento jurídico: la responsabilidad penal en que pueden incurrir las personas jurídicas por la comisión de alguno de estos delitos:
-Cohecho a funcionarios públicos, nacionales o extranjeros
-Lavado de activos, y
-Financiamiento del terrorismo.
Las penas que por la comisión de dicho delitos pueden aplicarse a una empresa abarcan una amplia gama, que entre otras sanciones incluye multas, prohibiciones temporales o permanentes de celebrar contratos con el Estado, inclusión en una lista de entidades sancionadas, y hasta la disolución de la persona jurídica (esto último en determinados casos respecto del delito de lavado de activos).
Específicamente en lo concerniente al delito de cohecho de funcionarios públicos, cabe señalar, desde otro punto de vista, que los estándares actuales del comercio, tanto nacional como internacional, hacen altamente conveniente y beneficioso para una empresa seria el contar con mecanismos preventivos respecto de este delito, a lo cual también se refiere la Ley 20.393, en su artículo 4°.
La prevención y sanción del delito de cohecho a funcionarios públicos en el ámbito internacional, además, forma parte de las obligaciones asumidas por nuestro país en el marco de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, de la OCDE.
Divulgar estos temas en el sector privado, incluyendo los concernientes a los mecanismos de prevención contenidos en la Ley 20.393, resulta imprescindible y urgente, tanto para reforzar el ámbito preventivo, como para que el empresariado esté debidamente informado acerca del alcance de la ya mencionada ley, que, como se dijo al inicio, está plenamente vigente desde el 2 de Diciembre de 2009. Para ello es que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la intención de efectuar, en regiones y con el apoyo de autoridades locales, reuniones con representantes del sector privado local.
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