CÓDIGO DE ÉTICA

Gobierno Regional de Aysén

Código de ética del Gobierno Regional de Aysén

Todos quienes trabajamos en el Gobierno Regional de Aysén, estamos conscientes del rol que nuestra institución cumple en la sociedad y la responsabilidad que esto implica para una mayor equidad y progreso de nuestra Región.

El  Código de Ética que a continuación se presenta, es una guía que permitirá orientar y normar aspectos de nuestro trabajo diario y servirá como herramienta fundamental para generar una cultura ética basada en la honestidad y la transparencia de la función pública, yendo incluso más allá de lo exigido por la ley.
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Código de Ética del Gobierno Regional de Aysén 2023

Preguntas frecuentes

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua identifica el término “probidad” con “honradez” y define ésta, a su vez, como “rectitud de ánimo, integridad en el obrar”. Según la Ley, el principio de probidad administrativa consiste en “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular” (artículo 52, inc. 2º, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado).

Las personas que prestan servicios en o para la Administración Central del Estado pueden desempeñarse en cargos de planta, en empleos a contrata o en virtud de contratos a honorarios. También están sujetos el personal contratado bajo el Código del Trabajo en virtud de una norma especial que lo autoriza. Se trata de una figura que sólo se aplica a los casos en que la Ley lo permite, como las empresas públicas creadas por ley (que son parte de la Administración del Estado), las Corporaciones de Asistencia Judicial, el Fondo Nacional de Discapacidad o los Secretarios Ejecutivos de los Consejos Regionales.

 Es un sistema creado en virtud de la agenda para la transparencia y la probidad en los negocios y la política y que tiene por objetivo velar por el cumplimiento del código de ética, diseñar canales de información, de consultas y registros de inobservancias integrado por el jefe superior del servicio, asesores técnicos, coodinador/a, comité y plataforma.

El Sistema de Integridad tiene por objetivo promover e instalar buenas prácticas relacionadas con la integridad de la gestión interna, la probidad y transparencia.

Los funcionarios y funcionarias del Servicio no aceptan regalos, invitaciones, favores o beneficios de cualquier tipo en el desarrollo de sus funciones.

Son situaciones (potenciales, reales o aparentes), en las que un determinado grado de parentesco, un asunto privado o alguna motivación personal, puede influir indebidamente en el correcto ejercicio de sus funciones y en la toma de decisiones objetivas.

Cuando se obtiene un beneficio indebido o tratamiento preferencial utilizando la influencia del cargo o función pública.

 es un documento que recoge y determina los patrones, valores, símbolos, lenguaje, historias y prácticas de una organización y le permite contar con lineamientos claros que establecen pautas de conducta que deben respetarse tanto por los directivos y/o funcionarios, como por los colaboradores de una empresa en sus acciones diarias.

Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se siga la correspondiente investigación. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades si las hubiere.

Es un delito que comete un empleado público que defrauda o consiente en que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, en operaciones en que interviene por razón de su cargo (artículo 239 del Código Penal).

 Es aquella en que incurre el funcionario público que incumple una obligación o infringe una prohibición propia de su cargo o función y ello se encuentra sancionado con una medida disciplinaria.

Se entiende aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos que se indican en los artículos 3 y 4 de la ley Nº 20.730.